A principios de este año, tras un reñido proceso de adhesión que requirió esfuerzos considerables para lograr que las leyes, las políticas y las prácticas se ajusten a las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD), se invitó a Colombia a convertirse en el 37.º estado miembro de la OECD.
Como beneficio crucial para los pacientes de todo el país, Colombia aceptó, como parte de dicho proceso, implementar reformas regulatorias que eliminaran los obstáculos innecesarios para la aprobación de nuevos medicamentos. De los 220 nuevos medicamentos aprobados por los organismos reguladores de fármacos en Europa, Japón y Estados Unidos entre 2011 y 2017, los pacientes de Colombia tienen acceso solo a 21. Todo lo que pueda mejorar esa estadística devastadora se considera progreso.
A pesar de tales medidas en la dirección correcta, Colombia sigue adoptando políticas y prácticas que pueden socavar la inversión en curas y tratamientos futuros sin necesariamente proporcionar beneficios inmediatos a los pacientes. El posible uso de la concesión de licencias obligatorias —una medida radical que elimina las protecciones de patentes de nuevos medicamentos— es un claro ejemplo.
“Las licencias obligatorias no garantizan precios más bajos ni acceso extendido. De hecho, al eliminar las patentes, tales acciones precipitadas pueden, en efecto, perjudicar a los pacientes al socavar la inversión en curas y tratamientos futuros”.
En este momento, el Ministerio de Salud de Colombia está considerando la posibilidad de emitir una licencia obligatoria para toda una clase de medicamentos innovadores. No está claro por qué. Por supuesto que el precio de tales medicamentos no puede ser el motivo. El Gobierno de Colombia los compra mediante un acuerdo de adquisición común que redujo el precio en más del 90 %.
Y las investigaciones demuestran que las licencias obligatorias no garantizan precios más bajos ni acceso extendido. De hecho, al eliminar las patentes, tales acciones precipitadas pueden, en efecto, perjudicar a los pacientes al socavar la inversión en curas y tratamientos futuros, como también al generar incertidumbre para los innovadores y los inversores con intereses actuales o futuros en la región.
Más bien, proteger las patentes y otros tipos de propiedad intelectual facilita el acceso a nuevos tratamientos. Un estudio importante determinó que los inventores de nuevos medicamentos lanzan terapias antes en países que cuentan con una eficaz protección y aplicación de las patentes. Eso indicó que la protección firme de las patentes acelera los lanzamientos de nuevos productos en países de altos y bajos ingresos del mismo modo.
La experiencia de Colombia es una lección para Chile, que también está considerando la posibilidad de emitir una licencia obligatoria para nuevos medicamentos. Las medidas perjudiciales adoptadas en Colombia redujeron en un 60 % la cantidad de ensayos clínicos para evaluar nuevos medicamentos en ese mercado entre 2012 y 2017. Como líder de América Latina en la cantidad de ensayos clínicos per cápita, Chile tiene aun más para perder.
Las enmiendas y las propuestas que, de hecho, debilitan los sistemas de propiedad intelectual y crean entornos de políticas que desalientan la innovación y la inversión son, precisamente, lo opuesto por lo que Colombia, Chile y otros países de América Latina deberían luchar.
En lugar de eso, deben intentar contribuir a la innovación y estimular la inversión. Esto permitirá un mayor acceso a productos y procesos innovadores en toda la región, como también fortalecerá y desarrollará las economías nacionales.
